A continuación envío algunos apuntes recogidos en la Audiencia Pública convocada por la Corte Suprema de Justicia en el día de ayer. A pesar de los avances señalados por el titular de ACUMAR, la Corte le sigue exigiendo precisión y continuidad en los informes del saneamiento, especialmente en lo que refiere a las industrias que contaminan. Hubo críticas al informe de las políticas en salud y sobre el modo en que se están realizando las relocalizaciones.
por Silvia Ferreyra, Libres del Sur
El Defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, reiteró lo señalado en la audiencia anterior (16 de marzo) en cuanto a las dificultades para acceder a información a través de la página web de ACUMAR. Entre otra información, sigue sin estar disponible el listado de industrias fiscalizadas, identificando las contaminantes, las con proceso de reconversión y las clausuradas; ni listados con las villas y asentamientos precarios afectados en la cuenca, o la cantidad de habitantes que viven en basurales (cuáles fueron relocalizados y cuáles faltan). Habló de una reunión con el presidente de ACUMAR para coordinar lo de la información. Destacó la necesidad de fortalecer los procesos de participación y consulta en forma previa a la toma de decisiones. Señaló las iniciativas propias de la Defensoría: creación de un registro único de emisiones para todo el sector industrial; la adopción del criterio de carga másica para la contaminación ambiental; estudios técnicos para determinar en concreto el riesgo ambiental del Polo Petroquímico. Reiteró al igual que en la audiencia pasada, que las relocalizaciones se cumplan con los estándares internacionales, y que a la población afectada a pesar de no ser parte querellante en la causa, pueda participar en audiencias públicas para las decisiones que la involucren.
Leandro Despouy, de la Auditoría General de la Nación reiteró lo dicho en el encuentro anterior, respecto a las dificultades para auditar por falta de identificación de las partidas presupuestarias, ya que sólo tres programas destinados al saneamiento de la cuenca tienen asignado un código específico. De 2007 al 2010 hay un promedio del 30% de subejecución en obras y transferencias a municipios. También señaló que son los órganos de control de Provincia y Ciudad los que no presentan los informes para que AGN pueda auditar. Por otro lado, recordó que en 2011 finaliza el préstamo del BID, de $ 500 millones; a pesar de estar pagando los intereses del crédito, sólo se ejecutó poco más de la mitad y un tercio de esos fondos se destinaron a planes sociales. Señaló la necesidad de tomar las medidas necesarias para que no suceda lo mismo con el crédito del Banco Mundial, en vigencia.
El Secretario de Ambiente José Mussi, titular de ACUMAR, mencionó indicadores de avances en el plan de saneamiento. Desde el 2008 al 2011 algo más de 1 millón de habitantes se incorporaron al servicio de agua potable; casi 480.000 a la red de cloacas y poco más de 2 millones a la de desagües pluviales. Que de las 17.700 viviendas previstas para la cuenca se han relocalizado 13.150 familias. Hay 2.000 personas del plan Argentina Trabaja afectadas a limpieza de espacios verdes y ribera. Respecto a las industrias, del universo de 19.760 empresas empadronadas se inspeccionaron 9.928; de las cuales 6.116 tienen efluentes (alrededor de 2.000 residuos peligrosos). De ésas se determinó que sólo 460 son contaminantes (allí hubo 77 clausuras y 93 presentaron proceso de reconversión). Que ya está en funcionamiento el fideicomiso que otorga mayor autonomía a la ACUMAR, $390 millones para el 2011, conformado por $25 millones aportados por la Ciudad de Bs As, $85 por la Provincia y $280 por Nación; ya no depende ni de la Secretaría de Ambiente ni de Jefatura de Gabinete, cuanta incluso con su propio edificio.
En lo que queda por realizar, señaló que en lo que hace a la salud, se van a implementar 14 nodos de vigilancia epidemiológica, uno en cada municipio, con un toxicólogo y un epidemiólogo. Respecto a la basura, el nuevo cronograma (agosto de 2010) contempla dos actores: el CEAMSE (residuos de márgenes, domicilios y espejo de agua) y los municipios (para mantener limpio aquellos basurales de menos de 15 mts cúbicos que ACUMAR entregue saneados). También se comprometió a liberar el camino de sirga en el área de La Saladita (Lomas de Zamora), que cuenta con 12.000 puestos informales.
El Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti también reiteró lo señalado anteriormente respecto a adoptar criterios de unidad (ACUMAR debe asumirse como autoridad por encima de las jurisdicciones), continuidad (permanencia de las políticas mas allá de los recambios en las gestiones) y efectividad (evaluar sobre los hechos y avances concretos). La jueza Highton de Nolasco se refirió a los resultados de los nuevos estudios presentados sobre la salud de la población infantil, que difieren a los anteriores por cambios en la metodología de medición. “De una población de 1.687 niños estudiados, 1.037 tenían plomo en sangre, ¿cómo es que de golpe están todos bien?”. Highton señaló que el método utilizado por el área de crecimiento y desarrollo del Hospital Garran, utilizado en varios países, resulta más preciso y adecuado que el de la CEPAL, adoptado por el Gobierno. En igual sentido Carmen Argibay también criticó lo presentados por ACUMAR “No se puede establecer que la salud ha mejorado porque hay menos consultas, ese tipo de indicadores son muy vagos”. La jueza también se refirió a las relocalizaciones: “Hemos recibido cartas de gente que asegura que nunca fue consultada”. “Hay que darse cuenta que no hablamos de cosas, se trata de personas no de muebles”. Lorenzetti también señaló la dificultad de modificar permanentemente la información de lo que se va a considerar como línea de base al momento de evaluar si hay avances o no.
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